Atuneros y conserveros instan a la distribución y a los consumidores a defender los derechos laborales de los trabajadores de productos pesqueros

El sector atunero español y la industria conservera han invitado, tanto a los consumidores finales como a las grandes cadenas de distribución españolas, a cerrar el círculo de los derechos laborales de las personas que producen alimentos pesqueros, incrementando la adquisición de alimentos certificados socialmente. Solamente con esta actitud, han afirmado ambos actores, será posible erradicar la pesca ilegal y pirata que, no sólo no respeta la sostenibilidad biológica, sino tampoco los derechos laborales mínimos de sus trabajadores.

Los pescadores de atún tropical, representados por OPAGAC, y las conserveras, por las marcas Isabel y Campos, han hecho este llamamiento durante su primera participación en el Salón Gourmets 2022 (25-28 de abril) desde el espacio “Alimentos de España” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en este foro gastronómico.

Ambos actores han asegurado que acabar con la pesca ilegal es un objetivo real y posible, tal y como demuestra el sello Atún de Pesca Responsable (APR) AENOR[1], primero del mundo que asegura no sólo los derechos laborales de los trabajadores de la pesca y la transformación del atún tropical, sino también sus mejores condiciones laborales y de salud a bordo.

Flota y conserveras, que este año podrán a disposición de los consumidores 40 millones de latas y productos basado en atún tropical con este sello en nuestro país, instan a las cadenas de distribución alimentaria a incluir el factor social en sus políticas de compras como única forma de poder ofrecer a sus clientes la opción de consumir atún sostenible tanto con los recursos pesqueros como con los trabajadores que los capturan y los transforman en alimento.

Ambos actores creen que sólo construyendo este frente común de productores, comercializadores y consumidores se conseguirá que la Unión Europea exija el mismo nivel de cumplimiento en materia sociolaboral a las flotas de todos los países con los que mantiene acuerdos comerciales, y evitar así la importación de materia prima procedente de pesquerías que no respetan los derechos sociolaborales básicos.

Igualmente, han aprovechado el acto para presentar al público su última iniciativa dentro de este objetivo: el primer proyecto de telemedicina a bordo de una flota pesquera. Con él, la flota ofrecerá a sus tripulaciones un servicio inteligente y conectado para asegurar una correcta atención médica de cualquier incidencia sanitaria a bordo. El proyecto contempla tres fases (análisis de la casuística con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid, dotación de equipos a los buques y recogida de datos y resultados) y se realizará en condiciones reales de trabajo en diez buques de la flota atunera española, con más de 400 tripulantes, que operan en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Este proyecto está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia[2].

Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “ha llegado el momento de que la UE plante cara al problema humanitario en la pesca para lo que resulta fundamental que la gran distribución apueste también por incluir estos valores en su cadena de suministro. Actualmente, -añade Morón- 65 barcos atuneros de nuestra flota están certificados APR y capturan unas 400.000 toneladas de atún tropical, algo menos del 10% de la captura mundial. Por lo tanto, –termina diciendo Morón-, queda mucho recorrido para que el resto de la flota mundial presente garantías de sostenibilidad social a los distribuidores y los consumidores”.

 Isabel y Campos, marcas pioneras

En 2022, el sello APR seguirá extendiéndose en los lineales de las grandes superficies españolas de la mano de las marcas Isabel y Campos, que incrementarán la comercialización de sus productos con este distintivo más de un 15% de media. Concretamente, Isabel, que comercializó 30 millones de latas en 2021, aumentará su oferta hasta 31,5 millones este año, tanto latas como distintos productos basados en atún. Campos, por su parte, lo hará en un 26%, pasando de los 4,9 millones de latas de 2021 a los 6,1 millones de este año.

Según ha señalado Óscar Vicente, director general de Bolton Food España (Isabel), “es necesario seguir poniendo en valor la diferencia que supone adquirir productos con el sello APR en el supermercado porque no es lo mismo cuidar de las personas que no hacerlo. Las y los consumidores lo saben y así lo demandan -ha añadido- y es por esto por lo que nuestra apuesta es tan sólida: Isabel no solo fue la primera marca del mundo en certificarse, sino también en ofrecer el 100% de su atún bajo el sello APR en España”.

Por su parte, según Javier Arbaiza, director general de Salica (Campos), “somos conscientes de que de la cantidad total de latas que se venden en el mercado, la oferta APR representa una parte muy pequeña y es necesaria una promoción y divulgación mucho más potente, así como una apuesta clara por parte de la gran distribución por esta categoría de producto. En lo que a nosotros respecta, -añade Arbaiza-, acabamos de cumplir 100 años y vamos a continuar trabajando para la consecución de objetivos de sostenibilidad auténticos, alcanzables y medibles”.

[1] La flota atunera española fue pionera en 2016 en impulsar la certificación de la vertiente social de la sostenibilidad de su actividad, además de la medioambiental, a través del sello Atún de Pesca Responsable (APR) AENOR, reconocido con el Premio ‘Alimentos de España 2020’ del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

[2] Este proyecto ha recibido financiación pública, dentro de la convocatoria de Innovación Pesquera del año 2021, recogida en el Real Decreto 685/2021, de 3 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con los fondos Next Generation EU.