La flota atunera española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), exige a la Unión Europea poner fin a su indiferencia ante la violación de los derechos humanos en buques de pesca chinos. Nuestra flota reitera este llamamiento tras la publicación reciente de un informe de la ONG británica Environmental Justice Foundation (EJF) que documenta los abusos sistemáticos cometidos a bordo de la flota del país asiático en el océano Índico suroccidental entre los años 2017 y 2023.
OPAGAC alerta de la gravedad del hecho que revela este informe de que el 73% de los buques sospechosos de abusos de los derechos humanos y pesca ilegal identificados por EJF figura en la lista de exportadores autorizados a la UE. Según EJF, los buques chinos -la ONG ha identificado 138 con autorización para faenar en esta región del Índico- estuvieron vinculados a 86 casos de este tipo de abusos. En el caso de los 95 barcos palangreros atuneros autorizados, el 47% está relacionado con este tipo de casos.
Entre las irregularidades documentadas, el 100% de los pescadores entrevistados por EJF denuncia condiciones de vida y trabajo abusivas, mientras el 96% y el 55% declara haber enfrentado horas extra excesivas y sufrido violencia física, respectivamente. Los testimonios recogidos revelan además cuatro muertes en pesqueros chinos entre 2017 y 2023, incluido un presunto suicidio de un miembro de la tripulación que se arrojó por la borda.
La flota atunera española cree que informes de esta gravedad deben obligar al Ejecutivo europeo que resulte de las elecciones del próximo 9 de junio a adoptar una postura definitiva y tomar medidas contundentes que reflejen su tolerancia cero a la entrada al mercado comunitario de productos pesqueros procedentes de flotas con casos documentados de trabajos forzados, tráfico de personas e incluso explotación infantil.
A juicio de OPAGAC, es responsabilidad de la UE promover estándares de derechos humanos y trabajo decente en el sector pesquero mundial, lo que debe contemplar exigir a las flotas de todos los países con los que mantiene acuerdos comerciales el nivel de cumplimiento en materia sociolaboral exigido a la flota comunitaria.
Asimismo, urge a reforzar los controles a las importaciones procedentes de flotas asiáticas, especialmente de capital chino, para garantizar que los ciudadanos comunitarios no consuman pescado proveniente de barcos que practican esclavitud moderna y no respetan las condiciones sociolaborales mínimas establecidas en el Convenio 188 sobre el trabajo en la pesca de la Organización Internacional del Trabajo. A este respecto la flota pone como ejemplo las 18.695 toneladas de lomos de atún de procedencia china que nuestro país importó en 2023 como parte del contingente arancelario autónomo con arancel cero.
Según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “si la UE permite importaciones de pescado capturado por esta flota para el consumo de los ciudadanos europeos, se está convirtiendo en cómplice de este tipo de delitos. Ha llegado el momento –añade Morón- de actuar de forma contundente contra una flota sostenida principalmente por subsidios gubernamentales, cuyo crecimiento y prácticas están descontrolados, como corrobora el informe de EJF, y que, además, representa una amenaza grave para las poblaciones de peces y para las comunidades costeras de las zonas en las que opera, generalmente económicamente vulnerables y altamente dependientes de sus recursos pesqueros”.