LA FAO ha solicitado a la flota atunera española que exponga las características de su certificado Atún de Pesca Responsable (APR) AENOR Conform en su Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Social, que se celebra hoy en Vigo, al considerarlo una referencia internacional para garantizar los derechos laborales en toda la cadena de valor del sector pesquero (tripulantes, industria de procesado y comercialización).
De esta forma, el organismo de la ONU, al igual que anteriormente otros de carácter internacional, se suma al apoyo a esta iniciativa de nuestra flota que defiende la sostenibilidad en su triple vertiente (ambiental social y económica), al considerarlo un triángulo eficiente para erradicar la pesca ilegal.
Cabe señalar que el Comité de Pesca de la FAO ha solicitado a este organismo elaborar una Guía de Buenas Prácticas Sociales en la Pesca para lo que está analizando iniciativas ya contrastadas en este sentido, tales como APR. Esta Guía quiere apoyar la implantación de los instrumentos internacionales existentes[1] para establecer unas condiciones sociolaborales mínimas en el sector pesquero.
La dimensión social en la lucha contra la pesca IUU
Julio Morón, director gerente de OPAGAC y encargado de exponer el certificado de nuestra flota en este foro, señaló durante su intervención la importancia de que las instituciones que regulan la actividad pesquera dediquen a la protección de los derechos laborales de los tripulantes los mismos esfuerzos que a la de los océanos y los recursos.
Según Morón, “los organismos reguladores no pueden seguir enfocándose exclusivamente en la sostenibilidad ambiental y obviar la vulneración de los derechos humanos en la que incurren muchas flotas. Sólo ampliando esta visión a lo social y a lo económico, es posible luchar eficientemente contra la pesca ilegal que, en muchas ocasiones, además de capturas no declaradas o provenientes de recursos escasos, practican la trata de personas, el esclavismo o incluso el trabajo infantil”.
Morón considera que el mejor instrumento para combatir esta esclavitud moderna es incluir las condiciones sociolaborales y de seguridad en el trabajo en las certificaciones de sostenibilidad de las pesquerías, tal y como recoge APR, “frente a otras certificaciones existentes en el sector, centradas en exclusiva en lo que ocurre bajo el agua y sin dejar de empujar a los Gobiernos -añade- para que ratifiquen los convenios internacionales relacionados con la protección de los derechos sociales de los pescadores, como el 188 de la OIT y el de Ciudad del Cabo de la OMI”.
Este certificado, de carácter voluntario, garantiza a los 2.000 tripulantes de OPAGAC (1.100 de terceros países) el cumplimiento de las condiciones laborales a bordo requeridas por la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 188, además de las mejores prácticas en el control de la actividad y el cumplimiento de las normativas internacionales y de los estados costeros.
Con el objetivo de implicar a toda la cadena de valor del producto, a la certificación de los 47 barcos de su flota en 2017, OPAGAC ha sumado este año la de la cadena de custodia de las empresas de procesado y distribución de las conservas de atún. De hecho, los consumidores españoles ya pueden adquirir latas de atún con el sello APR AENOR Conform desde el pasado mes de junio, como garantía del origen sostenible y socialmente responsable del producto.
Según Morón, “la creciente responsabilidad social de la cadena de valor de este producto acabará abocando a la UE a exigir el mismo nivel de cumplimiento en materia sociolaboral a las flotas de todos los países con los que mantiene acuerdos comerciales y evitar así la importación de materia prima procedente de pesquerías deshumanizadas e ilegales”.
[1] La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio de Ciudad del Cabo de la OMI, el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para el personal de los buques pesqueros (STCW-F) y el Convenio 188 de Trabajo en la Pesca de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).