Foros internacionales contra la pesca ilegal ven la certificación APR como el modelo a seguir
La flota atunera española agrupada en la Organización de Productores de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) ha sido requerida por los principales foros internacionales que trabajan en la erradicación de la pesca ilegal para exponer su modelo de pesca responsable de atún tropical. Así, tras su reciente presencia en Londres, en la reunión impulsada por la Seafood Alliance for Legality and Traceability (SALT), nuestra flota volverá a la capital británica y posteriormente también expondrá su modelo en Bruselas, Bangkok y Barcelona.
De esta forma, el certificado APR (Atún de Pesca Responsable) de nuestra flota comienza a ser percibido como el referente para promover la sostenibilidad social en la pesca internacional debido a la vertiente sociolaboral que contempla. De hecho, es el único del mundo que integra las condiciones de trabajo a bordo, acordes al Convenio 188 de la OIT, como una variable fundamental para distinguir una actividad pesquera socialmente sostenible y responsable, aspecto que no tiene en cuenta ninguna de las ecoetiquetas más extendidas, incluida la certificación de la organización Marine Stewardship Council (MSC).
Cabe recordar que OPAGAC puso en marcha la norma de Atún de Pesca Responsable en 2015, en colaboración con la Asociación Española de Normalización, UNE. Posteriormente, AENOR desarrolló un esquema de certificación. En junio de 2017 certificó a 39 buques de su flota, a los que sumó siete más en diciembre de ese mismo año, totalizando 46 atuneros certificados. Con ello, la totalidad de las capturas de atún tropical de nuestra flota (400.000 toneladas), que representan el 8% del volumen mundial, cuenta con la garantía de ser una actividad pesquera respaldada por las mejores prácticas en una triple vertiente socioeconómica, medioambiental y de control.
Punto de inflexión de la pesquería
La flota atunera española prevé que este año y 2019 van a significar un punto de inflexión para la pesquería de atún tropical, una de las más castigadas por la injerencia de flotas ilegales en todo el mundo. De hecho, la FAO estima que actualmente una gran cantidad de tripulantes trabajan en condiciones que no respetan los derechos básicos y siguen siendo numerosos los casos denunciados por organismos internacionales y ONGs, como Environmental Justice Foundation (EJF), por trato inhumano o prácticas de trabajo infantil, en flotas de países como Corea del Sur, Tailandia, Turquía, Rusia o Nueva Zelanda, según EJF. De acuerdo con la FAO, la pesca IUU mueve un negocio mundial de entre 9.000 y 23.000 millones de dólares.
En este sentido, OPAGAC cree que los primeros pasos para luchar contra esta situación ya se comienzan a dar en el mar y ha llegado el momento de que la cadena de valor de este producto se implique también en este mismo objetivo. Así, y según Julio Morón, director gerente de OPAGAC, “la sostenibilidad del atún tropical no se podrá garantizar en su totalidad hasta que la cadena comercial se implique y permita al consumidor final seleccionar y elegir un producto con garantías”.
A este respecto, cabe recordar que Eroski se comprometió, en 2017, a que todo el atún utilizado para la elaboración en conserva de cualquier marca comercializada en su red proceda de flotas sostenibles. Otros distribuidores destacados también muestran interés por suministrar a sus clientes productos que tengan garantías sociales, pero en la actualidad los certificadores de pesca no contemplan este aspecto en sus principios de sostenibilidad, lo que lastra, según OPAGAC, la promoción de la sostenibilidad en sus tres aspectos: medioambiental, social y económico, tal y como define la ONU.
Según Morón, “la implicación de toda la cadena de valor del producto evitará, por ejemplo, que la UE importe materia prima procedente de pesquerías deshumanizadas e ilegales para el consumo de los ciudadanos europeos. No podemos tolerar –termina Morón–, la existencia de flotas que comercializan sus capturas de atún con una ecoetiqueta cuando las condiciones en las que viven y trabajan los tripulantes de sus buques están muy lejos de respetar derechos sociolaborales básicos”.
En este sentido, la flota atunera española valora la iniciativa de MSC para incorporar a su estándar los aspectos sociolaborales, objetivo para el que la organización ha abierto dos consultas -la segunda ronda el pasado 15 de marzo- para conocer la opinión de ONGs y distintos actores del sector. No obstante, OPAGAC considera insuficiente que la garantía del respeto a estos derechos sociolaborales descanse en una mera autodeclaración por parte de las flotas, como inicialmente propuso MSC, y defiende el modelo de auditoría por parte de una tercera parte externa.
Según Julio Morón, “no es lógico que MSC dé la espalda a la sostenibilidad social, tal y como hacen otras certificaciones similares en otros entornos, tales como la Forest Stewardship Council (FSC) que recoge siete convenios de la OIT, o como la Aquacultures Stewardship Council (ASC), que tiene un principio Social y uno de Buena Vecindad que recogen los aspectos fundamentales de la OIT: contratos y salarios decentes, horarios de descanso, vacaciones, atención médica, etc.; al igual que hace la certificación APR promovida por AENOR. “Parece”, –acaba diciendo Morón–, “que a algunos les importan más los peces que los pescadores”.
