Europa sitúa a los pescadores en el centro del debate sobre la pesca
El Parlamento Europeo acogió la conferencia Impulsando la dimensión social de la pesca sostenible que puso de relieve la necesidad de erradicar el trabajo forzoso a bordo de los buques pesqueros.
Un sector pesquero verdaderamente sostenible no puede limitarse a garantizar la salud de los océanos, sino que también debe velar por las condiciones de las personas que trabajan en el mar. Bajo esta premisa, Carmen Crespo (PPE), presidenta de la Comisión de Pesca (PECH) del Parlamento Europeo, y Virginia Battu-Henriksson, jefa del gabinete del comisario de Pesca y Océanos Costas Kadis, acogieron este miércoles un encuentro en el que pescadores, representantes de los trabajadores, supervivientes de trata, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil, representantes del ámbito académico y del sector pesquero analizaron la dimensión social de la sostenibilidad pesquera, a menudo relegada a un segundo plano, y la importancia de garantizar los derechos laborales en el mar.
Organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos laborales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), la Environmental Justice Foundation (EJF) y Oxfam, participaron en el encuentro y abordaron ante los asistentes la importancia de proteger los derechos laborales en alta mar.
“Europa no puede competir rebajando sus estándares, sino haciendo de ellos su mayor ventaja. Nuestra flota lidera en sostenibilidad, seguridad y derechos laborales, y debemos exigir esa misma responsabilidad a los productos que entran en nuestro mercado a través de los nuevos acuerdos comerciales. Defender una pesca competitiva significa también defender a sus trabajadores frente a la competencia desleal y garantizar unas cadenas de suministro transparentes, responsables y libres de explotación”, aseveró Carmen Crespo en su intervención inicial.
Battu-Henriksson también destacó la importancia de combinar la competitividad con la oferta de productos de calidad, el respeto al medioambiente y los derechos de los trabajadores.
Europa ya cuenta con un sólido marco legislativo para combatir el trabajo forzoso, cuya aplicación se desarrollará progresivamente hasta diciembre de 2027. En este contexto, OPAGAC puso en marcha Hands for the Oceans a principios de 2026, un movimiento internacional que reclama prestar a las personas que hacen posible la actividad pesquera la misma atención que al producto que llega a la mesa, especialmente en lo relativo a sus derechos laborales, condiciones de trabajo, seguridad y protección frente al trabajo forzoso. La iniciativa pretende situar la responsabilidad social, junto a la sostenibilidad medioambiental, como uno de los pilares del modelo pesquero europeo.
El atún continúa siendo el pescado que más se consume en Europa, pese al descenso general del consumo de productos del mar en el continente. Según EUMOFA (Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura), los europeos consumieron una media de 2,68 kg de atún por persona en 2023, lo que lo convierte en el producto del mar más consumido en la UE. España concentra aproximadamente dos tercios de la producción europea de atún en conserva. Al mismo tiempo, la industria conservera europea depende en gran medida de las importaciones, muchas de ellas procedentes de flotas asiáticas sobre las que se han denunciado reiteradamente vulneraciones de los derechos humanos.
Del mar a la mesa, garantizar los derechos de quienes trabajan en la pesca
La producción de atún depende en gran medida de la pesca de altura, que en numerosas ocasiones se desarrolla en aguas internacionales. Las condiciones laborales de los trabajadores presentan grandes diferencias entre las distintas flotas y países. Mientras las flotas europeas cumplen con el Convenio sobre el trabajo en la pesca (C188) de la OIT, otras, entre ellas numerosas flotas asiáticas, no garantizan siquiera unos derechos laborales básicos.
Sallie Yea, profesora e investigadora de la Charles Sturt University, expuso las duras condiciones laborales que se dan en algunas flotas asiáticas dedicadas a la pesca de altura. Su último estudio, basado en entrevistas a 121 pescadores y 32 familiares de Filipinas, Indonesia, Camboya y Fiyi, revela que el 94 % de los pescadores entrevistados había sufrido el impago de sus salarios y todos habían visto cómo sus contratos eran modificados en condiciones menos favorables. De los 64 pescadores que reclamaron los salarios pendientes, solo tres lograron recuperarlos. En total, los salarios no abonados ascienden, según el estudio, a unos 2 millones de dólares, lo que supone una media de 16.528 dólares por pescador. Uno de cada cuatro pescadores entrevistados había presenciado la muerte de un compañero de tripulación, mientras que se registraron fallecimientos en uno de cada cuatro buques analizados. Además, en todos los buques se detectaron lesiones y enfermedades que podrían haberse evitado.
“La mayoría de los hombres y sus familias preferirían no trabajar como tripulantes en buques pesqueros. No es una profesión que elijan libremente, sino una opción condicionada por sus circunstancias”, señala Yea en su estudio.
Durante su intervención, Sallie Yea también abordó algunas de las principales realidades y dinámicas que afectan a las condiciones laborales en el sector pesquero. En este sentido, señaló que “necesitamos pasar de un cumplimiento meramente formal a una protección efectiva de los derechos laborales, que incluya control de contratos y salarios, mecanismos de arbitraje para resolver reclamaciones laborales, protección frente a represalias y mecanismos de rendición de cuentas para las agencias de contratación, y no únicamente para las flotas pesqueras y las empresas de productos del mar”.
Durante la mesa redonda, moderada por Cor Blonk, presidente del Comité Europeo de Diálogo Social para la Pesca Marítima, Tariq Haq, responsable de la Unidad de Políticas Sectoriales Marítimas y Pesqueras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); Steve Trent, director ejecutivo de la Environmental Justice Foundation (EJF); Juan Manuel Trujillo, de la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF); y Ashley Aarons, responsable de Debida Diligencia en Derechos Humanos de Oxfam America, destacaron la necesidad de abordar de manera más integrada la dimensión social de la pesca.
El debate evidenció la necesidad de que la UE avance hacia una mayor integración de la política pesquera, los estándares laborales, los mecanismos de control, la trazabilidad y el abastecimiento responsable, garantizando que los compromisos adoptados a nivel político se traduzcan en mejoras reales para las personas que trabajan en el mar. Como señalaron los participantes, el verdadero avance se medirá por la capacidad de estas políticas para generar cambios concretos a bordo y por el grado en que las condiciones que viven los pescadores se reflejen en las políticas europeas, en unos mecanismos de control sólidos y en unas prácticas de mercado responsables.
Para la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), miembro de Europêche, estas conclusiones confirman que la lucha contra el trabajo forzoso requiere un compromiso continuado de todos los actores implicados. Asimismo, consideran que el acceso al mercado europeo debe estar condicionado al cumplimiento de los mismos estándares laborales que se aplican a la flota europea.
“Esperamos que la normativa de la UE sobre debida diligencia y trabajo forzoso pueda convertirse en un punto de inflexión para garantizar que los consumidores europeos no consuman pescado procedente del trabajo forzoso y la esclavitud moderna, y que la producción pesquera europea pueda ser reconocida en el mercado mediante información transparente para los consumidores”, afirma Julio Morón, director general de OPAGAC.
